El Mega DNU del gobierno no solo está hecho a medida de las empresas sino que tiene efectos directos en la población, a partir serias de desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos
El Mega DNU del gobierno no solo está hecho a medida de las empresas sino que tiene efectos directos -todos negativos- en la población, a partir de serias desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales. El 20 de diciembre, el gobierno de Milei decidió transformar el funcionamiento de vastos sectores de la vida económica y laboral nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pese a que este tipo de reformas estructurales siempre deben ser sancionadas por el Congreso.
Más allá del carácter técnico de cómo se tomó la medida, se buscará los principales cambios contenidos en el mismo y su impacto en la población: desregulaciones en los mercados, desguace y extranjerización, reforma laboral y retroceso en derechos laborales, así como ataque a las organizaciones sindicales.
Desregulaciones de los mercados
Las principales desregulaciones son comercio interior, tarjetas de crédito, comercio exterior, minería, energía, producciones regionales, alquileres, salud, turismo, comunicación y sector aerocomercial. Entre las principales modificaciones se encuentran: la eliminación del Observatorio de Precios, la Ley de Góndolas y de Abastecimiento). “Bajo la premisa de una ‘intrincada red de regulaciones’, lejos de proteger a los sectores más débiles de la población, la eliminación de estas leyes permite mejorar la posición dominante de las principales empresas de consumo masivo, a la par de los principales supermercados, perjudicando los derechos de los consumidores, así como también la posición de pymes y empresas familiares”, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La derogación de estas normas tiene claros beneficiarios. En la Argentina, el 74% de la góndola lo “manejan” sólo 20 empresas oligopólicas: Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), la marca del supermercado o “Empresa del Distribuidor” (8%), Coca Cola Company (5%), Sancor Coop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%) Molinos Rio de La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera del Plata (3%), Cervecería Quilmes S A. (3%), Aguas Danone Argentina (2%), Pepsico Co (2%), Arcor S.A. (2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), Bagley S.A. (2%), Molino Cañuelas (2%), Kimberly-Clark (2%), Brf (2%), Establecimiento Las Marías (1%).
Estas empresas profundizan su margen de acción respecto al consumidor (vía precio) pero también respecto al resto de los eslabones de la cadena (pueden extenderle plazos de pago a pymes o excluirlas de las góndolas). “Favorece, además, la cartelización de empresas con los grandes supermercados”, agrega el informe. Del otro lado del mostrador, las PyMEs, empresas de la economía familiar y social y economías regionales se perjudican dado que no tienen garantizado su lugar en góndola. A la par, se ven afectados los consumidores en general (por tener menor acceso a diversidad de bienes y mayor vulnerabilidad frente a las oligopólicas)”, advierte el informe.
En el caso de las tarjetas de crédito, se modifican y derogan algunos artículos de la Ley 25.065 de tarjetas de crédito, que establecen normas sobre el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito, y las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre el emisor y proveedor. Se eliminan topes de intereses punitorios (aunque establece también que no pueden capitalizarse), se habilita al cobro de adicionales y de montos fijos por atrasos, y se elimina la obligatoriedad de la autoridad de aplicación de aprobar los contratos entre el emisor y el proveedor.
Otra vez, los beneficiarios de la norma son las entidades financieras o aquellas que emitan tarjetas ya que se permite que cualquier entidad sea emisora de tarjetas. En la práctica, los consumidores quedarán a merced de los emisores de las tarjetas en montos a pagar por comisiones o intereses cuando no se abone la tarjeta en tiempo y forma, mientras que, en cuanto a los comercios, podrían ser perjudicados con comisiones más altas que las actuales (el tope es de 3% para tarjeta de crédito y 1,5% para tarjeta de débito). También se verán afectados los pequeños comercios, ya que se habilita a cobrar comisiones diferenciales dentro de una misma rama de actividad.
La desregulaciones en comercio exterior, quizás las más nociva de las medidas, deroga hasta la Ley que prohíbe la importación de neumáticos usados o recauchutados y establecía límites a la importación de neumáticos remoldeados. Con la nueva redacción tanto personas humanas como jurídicas pueden prescindir de los servicios de un despachante de aduana, por sí o por persona autorizada, sin limitaciones.
Se elimina la obligación de estar inscripto en el Registro de importadores y exportadores para desempeñarse como tal, además de eliminarse cualquier otro registro exigido para realizar una operación de comercio exterior. En lo que hace al control físico de las mercaderías, se debilita la efectividad del control en la tarea de verificación ya que, si la presunta infracción no tiene pena de comiso, no corresponde detener el curso del despacho como ocurría hasta el momento. En este caso, el claro perdedor será el sector industrial local, especialmente el pyme.
La desregulaciones en el sector energético, por un lado, beneficia a las empresas que tienen estaciones (YPF, Axion y Shell) y perjudica a las estaciones de bandera blanca. La derogación vinculada a CAMMESA se relaciona con la tarifa y el rol de CAMMESA, que, en buena medida, actúa como una caja de compensación administrando beneficios de distribuidoras.
La derogación del fondo para la infraestructura del Transporte va en línea con la realización de las obras por parte del sector privado. Finalmente, las facultades que recibe la Secretaría de Energía permitirían redeterminar los subsidios y/o llevar el barril al export parity lo cual podría repercutir en toda la cadena.
Bajo el nuevo paradigma que dispone precios de combustibles a valor internacional, el oligopolio de YPF, Shell y Axion generaría aumentos del precio de la nafta según acuerdos que realicen. “Esto impactaría en todos los precios del mercado, porque aumentaría el costo del transporte de todos los productos que consumimos diariamente y aumento en las tarifas eléctricas y gas según disponga la Secretaría de Energía”, advierten desde CEPA.
En el mercado de alquileres el DNU realiza modificaciones de artículos del Código Civil y Comercial que tienen gran impacto fundamentalmente en las estructuras de los contratos y, entre ellos, en los contratos de alquiler. En relación a los contratos de alquiler para vivienda permanente, el resultado es más adverso para el locatario que la norma vigente hasta la sanción de la Ley 27.551 en el 2020 (la primera ley de alquileres). Con los cambios establecidos en el DNU, la situación de los hogares inquilinos sufrirá un fuerte deterioro ya que las condiciones de mercado empeorarán en el corto plazo por las reformas, que a los inquilinos se les podrá exigir alquileres en dólares u otras monedas.
EL DNU modifica también la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Los cambios citados suprimen todo límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional. Sin estas limitaciones, un único licenciatario podrá tener acceso a múltiples señales, sin un límite máximo determinado. Esto beneficia a grupos de TV por suscripción como Telecom, y a propietarios de medios provinciales ampliados. No realiza modificaciones en el orden local, que conserva ciertos topes”, destaca el informe.
Desguace y extranjerización
El título sobre “Reforma del Estado” del Decreto contiene la derogación de cinco leyes: Empresas del Estado, Compre nacional, Bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados, Sociedades del Estado y Sociedades de economía mixta. En definitiva, el decreto introduce modificaciones a la Ley con el objetivo de habilitar y acelerar procesos de privatizaciones.
El Título de Reforma del Estado del decreto determina que “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”. Esto abarcará empresas de Estado, Sociedades del Estado y todas las organizaciones societarias donde el Estado Nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Sujeto S.A.:
– Ferrocarriles Argentinos.
– Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
– Télam Sociedad del Estado.
– Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
– Casa de Moneda Sociedad del Estado
– Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.
– Banco Nación
El Banco Nación fue creado en 1891, en la crisis económica que cubrió al país en 1890. Cuenta con más de 17.000 empleados, 790 sucursales en el país, 16 en el exterior, más de 180.000 cuentas corrientes, 625.000 cajas de ahorro, 260.000 plazos fijos, activos y es el principal Banco Argentino que cubre prácticamente todo el país, con depósitos que conforman alrededor del 20% del sistema financiero y sus créditos que van hacia el agro; servicios; industria, comercio y para la construcción. Banco Nación marca las tasas testigo que sirven para los sectores productivos.
La tan ansiada por el macrismo privatización de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas sufrirían una serie de decisiones dirigidas a marginar la compañía estatal. El eje central es que se le quita la exclusividad a la aerolínea de bandera por sobre operadores extranjeros. Si a ello se agrega que la empresa seria “otorgada” a los empleados, mediante el programa de propiedad participada, se tratará de una competencia muy desigual, debiendo competir en forma desigual incluso con empresas de bandera extranjera que reciben subsidios de sus estados nacionales.
Esto podría generar las condiciones para su posterior privatización o sencillamente achicamiento y marginación del mercado. La privatización dejaría en manos del “mercado” la responsabilidad de la conectividad interna. Esto también se aplicaría al tema de tarifas, ya que, al no tener una aerolínea nacional, perfectamente podrían aplicar tarifas dolarizadas en la totalidad de los pasajes aéreos.
En el caso de la derogación de Ley de Tierras se establece la derogación resulta ineludible pensar en el caso de Lewis, y su accionar en relación al incumplimiento constante de las leyes de nuestro país en relación al acceso a Lago Escondido. Joseph Lewis es dueño de una propiedad de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro. Desde 2005, pobladores del Bolsón y del Foyel han realizado protestas públicas, denuncias y marchas para exigir el libre paso al Lago Escondido, ya que estaba cerrado por ser considerado “propiedad privada”.
Esto genera la pérdida de soberanía al habilitar la compra de territorios con cuerpos de agua y zonas de frontera. Mayor conflictividad territorial con comunidades locales, debido a que el Estado ya no ejerce más control sobre esas áreas.
Reforma Laboral
Eliminación de multas por incumplimientos, avance de la precarización, empleo eventual y monotributo, expansión de la tercerización laboral, cambios regresivos en la ley de teletrabajo, extensión del período de prueba, eliminación de horas extras (banco de horas), fondo de cese laboral, criminalización de la protesta (injuria por bloqueo), vulneración del derecho a huelga con ampliación de actividades esenciales y trascendentales, ataque a la ultraactividad.
Especialistas del derecho laboral señalaron a este medio que el objetivo es generar un escenario que legitime la contratación informal, avale la tercerización y promueva mayores barreras ante cualquier tipo de reclamo por mejores salarios y condiciones laborales y ante la defensa de los propios puestos de trabajo. En otras palabras: la reforma busca legalizar el fraude laboral.
De esta manera se afectan tanto los derechos laborales individuales como colectivos, flexibilizando los controles y responsabilidades de empleadores, limitando el derecho a huelga y disciplinando a la fuerza de trabajo bajo la amenaza de despidos. Implica la desaparición del principio de la justicia social, que es un principio constitucional, y se perjudican tanto condiciones de trabajo desde el propio tiempo de duración de la jornada laboral y las remuneraciones mientras se reducen las indemnizaciones por despido y se deja sin efecto la penalización al empleador por la falta de registración.
Ganadores de siempre
El DNU de Milei profundiza estas desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscaban –incluso con deficiencias– equiparar situaciones dispares. Esta profundización no es inocente, sino que tiene beneficiarios en cada sector, que con el corrimiento del Estado mejoran sus rentabilidades:
- en el sector de la salud, las prepagas – con el caso saliente de Belocopitt dueño de Swiss Medical – se ven habilitadas a un aumento de precios sin regulación;
- la desregulación de la actividad farmacéutica habilita al avance de las grandes superficies (caso Farmacity de Quintana);
- la liberalización de los controles en las góndolas de supermercados favorece a los grupos económicos que producen bienes de consumo masivo, que se pueden resumir en 20 actores (Pagani, Perez Companc, Coto, entre otros, y el lobbista del sector alimenticio, Funes de Rioja);
- la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate y su política de definición de precios con los productores beneficia a las empresas procesadoras de yerba mate, siendo la más relevante el Establecimiento Las Marías de la familia Navajas;
- en la desregulación de la producción del papel para diarios sin dudas beneficia al diario de mayor tirada del país (Clarín de Magnetto y Noble);
- en la comunicación satelital se abre el mercado para que ingrese un actor extranjero, lo cual fue mencionado por el Presidente en cadena nacional (Elon Musk dueño de Starlink);
- la política de cielos abiertos en el sector aerocomercial permitiría el ingreso de compañías extranjeras que dejarían de brindar el servicio de conectividad que garantiza Aerolíneas Argentinas y beneficiaría a Corporación América de Eurnekian si logra dolarizar las tasas aeroportuarias corriendo a AA del protagonismo;
- las políticas de desregulación laboral y pérdida de derechos sin dudas favorecen a todos los grupos económicos, pero algunos de sus artículos parecieran tener nombre y apellido, como es el caso de la eliminación de la responsabilidad solidaria para la tercerización laboral, que el dueño de Grupo Techint Paolo Rocca ha impulsado también en el gobierno de Macri (que además obtiene que la actividad siderúrgica se convierta en “trascendental” y se limite el derecho a huelga);
- la derogación de la ley de tierras, que establecía la limitación de la compra de tierras por parte de extranjeros, pareciera estar diseñada por Joe Lewis, quien ocupa Lago Escondido en la Patagonia;
- la eventual venta del paquete accionario del Banco Nación sería un botín codiciado por otros bancos y entidades financieras dada su participación en casi el 20% de los depósitos del sistema;
- por último, los bancos y las procesadoras de tarjetas de crédito (Prisma, Fiserv y Mercado Pago, este último en carácter de agregador) se ven beneficiados con la desregulación en las comisiones e intereses de tarjetas de crédito para personas y comercios.
